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Sí existe ruptura con la Junta, porque entendemos que han hecho un ataque desmesurado contra UGT

Clara y contundente. Así ha respondido la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, a las preguntas realizadas en la rueda de prensa que ha ofrecido en Jaén este jueves, sobre la relación actual del sindicato con la Junta de Andalucía. “He escuchado a miembros de la Junta y del PSOE decir que las relaciones deben ser fluidas, eso quisiéramos nosotros, que fueran fluidas, pero cuando se nos abren 36 expedientes de reintegro sin ninguna causa justificada, todos al mismo tiempo, en cinco direcciones generales de diferentes Consejerías, la verdad es que nosotros tenemos que hacer todo lo que nos corresponda para defender a nuestra organización”, ha explicado.

“Nosotros vamos a estar con la Junta en aquellas negociaciones que sean buenas para los trabajadores, vamos a seguir luchando por los convenios, en las propuestas de mejora. De hecho en los presupuestos de la Junta de Andalucía nosotros propusimos una serie de medidas que, por supuesto, no las han tenido en cuenta. Vamos a seguir trabajando por el bien de los trabajadores y a estar presentes en las mesas de negociación, en definitiva, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”, ha dicho.

Según Carmen Castilla, “institucionalmente nosotros no queremos fotos, nunca las hemos querido, de hecho, hicimos una foto en marzo de este año que tiene que ver con la concertación social, donde la presidenta nos reunió a los dirigentes de la CEA, CCOO y UGT diciendo que íbamos a reactivar el modelo de la concertación social. Estamos a noviembre y este modelo no se ha retomado, esa foto no sirvió absolutamente para nada, por lo tanto, institucionalmente nosotros no estaremos al lado de la Junta de Andalucía, pero sí por supuesto vamos a estar sentados en todos aquellas mesas de negociación que por derechos y por representatividad corresponda estar a este sindicato”

“El consejero lo que dice en su comparecencia sobre los expedientes es que hace la revisión de estos por la alarma social. Me gustaría saber en qué artículo de la ley 30/92, ya que somos tan legalistas, viene lo de la alarma social”, ha señalado Castilla.

 “Recordad que este tema se está viendo en el Juzgado número 9. Cuando nos precintaron el archivo donde teníamos la documentación, nosotros alegamos en un escrito a la Junta que lo teníamos así y que no podíamos acceder a los documentos y parece ser que esto no era importante”, señala la líder regional de UGT.

“Reflexionemos, ¿por qué el consejero de Educación no puede dar nombres de la organizaciones que tienen expedientes abiertos, porque alega a la ley de protección de datos? ¿Para qué, para que esa ley sí proteja a algunas organizaciones y a la UGT no?. ¿Y por qué solo UGT? ¿No existen más agentes sociales? ¿Y por qué nos reclaman el 100% de las subvenciones? ¿No es curioso? ¿Todo lo hemos hecho mal?”, lanzaba dichas preguntas la secretaria regional de UGT.

“Los primeros expedientes corresponden al 2008. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía en estos seis años? Esto es simplemente un mecanismo para poner distancia con la Unión General de Trabajadores y mostrar que ellos lo hacen todo bien y nosotros mal”, ha aseverado.

“Por ello nos vamos al contencioso administrativo, porque creemos que esto es una causa general y las causas generales están prohibidas en el derecho español. Entendemos que es un ataque desmesurado a nuestra organización. Porque no sólo defendemos a la organización como tal, defendemos a los miles de afiliados y afiliadas que están en ella y a los años de historia y a los compañeros que han dado su vida por esta organización. Tan sólo espero que con otros administrados la Junta sea tan dura como con nosotros”, ha manifestado Carmen Castilla.

 

¿Por qué decimos que la Junta de Andalucía ha abierto una causa general contra UGT-A?

1º.- Porque la ley de procedimiento administrativo es muy estricta a la hora de marcar los límites a la actuación de la Administración Pública para con sus administrados. La Junta no puede actuar de motu propio ni de manera arbitraria: es la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común la que define cada una de las causas y motivos según los cuales la Administración puede actuar. Si atendemos a las explicaciones dadas por el Consejero de Economía, Sánchez Maldonado, en su comparecencia parlamentaria, el motivo que originó el inicio de la revisión de los expedientes fue “la alarma social detectada”, según sus propias palabras. Esta “alarma social” no sólo no es argumento para justificar una actuación administrativa, sino que no se puede definir a qué responde, máximo cuando los expedientes suponen “reabrir procedimientos visados y conformes por la Junta”. El sindicato cuenta con el visto bueno de la Junta de TODOS los expedientes que ahora se reabren. ¿Por qué años después la Junta cambia su criterio? No lo sabemos, pero no es aceptable esta actitud por parte de una Administración Pública, que está obligada a actuar conforme a Ley y a los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica en sus relaciones con los administrados. Para UGT-A más alarma social es la tasa de riesgo de exclusión social y pobreza de Andalucía -que roza el 40%- y no por eso la Junta invierte o cambia sus criterios de actuación.

2º.- Tampoco explica el Consejero cómo sin que haya una actuación políticamente dirigida se explica que en varias Consejerías, en más de cinco Direcciones Generales de diferentes ámbitos de la Junta de Andalucía, que no sólo no comparten espacio físico sino que se sitúan en edificios algunos muy alejados los unos de los otros, se inician 39 procedimientos de expedientes de reintegro, utilizando todos el mismo procedimiento (cuando no es el único) y coincidiendo de manera milimétrica en el tiempo. No es posible creer a estas alturas que los excelentes profesionales que desempeñan su extraordinaria labor en la Administración de la Junta de Andalucía actúen de manera arbitraria sin que exista una orden previa de un ámbito superior. La única explicación que existe en cualquier caso de actuación coordinada y coincidente en un momento temporal es la sincronización, la coordinación… el plan, en definitiva. Y quien tiene la potestad de planificar el trabajo en la Junta es quien ostenta el poder de dirección y el político, ¿o es que la Junta piensa excusarse en sus propios trabajadores?

3º.- Porque UGT no es el único agente social de Andalucía, ni la única entidad que recibe subvenciones de la Junta de Andalucía. Sin embargo, las comparecencias parlamentarias del Consejero muestran una auténtica obsesión con nuestra organización sindical, dándose la paradoja de que durante la comparecencia parlamentaria del día 30 de Octubre de Sánchez Maldonado fue el propio PP quien le exigió datos de otras organizaciones perceptoras de subvenciones y no sólo de UGT-A. Igualmente, el PP espetó al Consejero la pregunta “¿por qué han abierto todos esos expedientes de reintegro a UGT-A?”, pregunta que quedó sin respuesta.

¿Por qué decimos que la Junta ha dado un “trato injustificado e inmerecido” a UGTAndalucía?

1º.- Porque cualquier entidad beneficiaria de subvenciones tendría verdaderas dificultades para hacer frente a la respuesta que exigen los 39 expedientes de reintegro iniciados por la Junta a UGT-A. La Junta ha utilizado a todo su personal, desde directores generales, jefes de servicio y todo tipo de funcionarios encargados de las diferentes tareas que requieren la elaboración de estos expedientes. Sin embargo, UGT Andalucía ha tenido que simultanear la acción sindical propia del sindicato con tareas que no le son propias, no sólo de revisión o preparación de documentación sino también de índole jurídico-administrativa. En definitiva, abrir a una entidad 39 expedientes administrativos de reintegro de manera cuasi-simultánea en el tiempo, para su tramitación y respuesta, supone una intencionalidad de bloqueo o colapso de la entidad, en este caso UGT Andalucía. No hay precedentes de ninguna otra entidad en nuestra comunidad que haya sido objeto de semejante tratamiento.

2º.- Pero si a lo anterior le sumamos el hecho de que la documentación necesaria para la defensa de la actuación de UGT-A fue precintada por la actuación del Juzgado de instrucción Nº6 de los de Sevilla, impidiendo al sindicato disponer de ella para justificar sus actuaciones, veremos que la Junta ha resuelto expedientes no aceptando esta explicación -la falta de documentación- suficientemente justificada y conocida pues es de dominio público. Técnica y jurídicamente se puede decir que la Junta ha resuelto expedientes a sabiendas de la indefensión de UGT-A.

3º.- Pero aun así UGT-A ha respondido a absolutamente todas las exigencias de la Junta. Los más de 50 requerimientos y más de 100 trámites de los 39 expedientes de reintegro abiertos, han sido puntualmente contestados en tiempo y forma ante la Junta, aun con las dificultades en cuanto a la recopilación de documentación y a los medios necesarios para ello.

4º.- Quien no ha cumplido es la Junta en sus obligaciones como Administración Pública, que debe tratar por igual y sin discriminar a todos los administrados. Para “abultar” la cantidad que el Consejero Sánchez Maldonado anunció en el Parlamento el día 30, se dictó la resolución de expedientes que aún estaban vigentes. Esperamos que la Junta no cometa los mismos atropellos a los derechos de todos los administrados como los que comete contra los derechos de UGT-A.

¿Por qué decimos que esta macro causa sólo persigue un fin político?

1º.- Porque todos conocemos la campaña neoliberal que se desarrolla en todo el país desde hace varios años contra los sindicatos. Prueba de ello es que la Concertación Social, demonizada por esta campaña bajo el ruin argumento de suponer el “pago de la Junta a los sindicatos por la paz social”, ha sido literalmente excluida del vocabulario político de la Junta. De hecho, la vigencia del último acuerdo de Concertación expiró en diciembre de 2013 y aún, casi un año después, la Junta no ha manifestado voluntad de negociar nada. Ni concertación ni nada.

Sin embargo, se da la circunstancia de que el contenido de los expedientes de reintegro no supone subvenciones extrañas o difícilmente justificables para un sindicato. Todo lo contrario: debería de ser de conocimiento público el hecho de que los expedientes de reintegro abiertos por la Junta a UGT-A suponen la petición de devolución de TODOS los programas de subvención de actividades sindicales negociados dentro de los acuerdos de Concertación Social desde el año 2008 hasta 2013. Que la Junta reclame el 100% de estas subvenciones asociadas a la Concertación Social equivale a decir:

  • – Que el Sindicato no ha hecho NINGUNA actividad de promoción, desarrollo o fomento de la Concertación Social en los últimos 6 años.
  • – Que todo lo que se ha hecho desde UGT-A está mal, pero no en un porcentaje, en su totalidad (algo difícilmente creíble).
  • – Que desde UGT-A no se ha apoyado el desarrollo de las políticas socioeconómicas desarrolladas por la Junta dentro de la Concertación (algo conocido por todos y fácilmente demostrable pues ha sido de dominio público todos estos años).
  • – Que las actividades llevadas a cabo por el sindicato para el desarrollo y fomento de la Concertación no son actividades sindicales (tales como manifestaciones, reuniones, asambleas de delegados, etc.; para la Junta no son actividades sindicales).
  • – Que la Junta de una manera desproporcionada e injusta persigue saldar históricamente la Concertación Social de Andalucía a coste cero.

Esto último supone que es UGT-A quien durante todos estos años ha estado apoyando y financiando parte de las políticas públicas de la Junta de Andalucía con sus propios medios. Cabría preguntarse dónde estaría Andalucía y el Gobierno andaluz de no haber sido por la Concertación y las miles de horas, de esfuerzo y de medios materiales y personales puestos por UGT-A en el desarrollo de estas políticas, que han sido vitales para nuestra tierra.

2º.- Por todo esto resulta evidente que esta macro causa sólo persigue un fin político, especialmente ante los medios de comunicación. Además, busca marcar distancias y apartar sospechas de connivencia con UGT-A, aparentando una actitud absolutamente implacable y ejemplarizante ante supuestas irregularidades cometidas por UGT-A, todo ello a fin de preservar la imagen del Gobierno andaluz y para conservar el respaldo electoral. Para ello, los responsables de la Junta de Andalucía no han dudado en utilizar los instrumentos administrativos con una finalidad alejada de la defensa del interés general.

¿Por qué hemos interpuesto recursos Contencioso Administrativos?

Porque en nuestro Derecho se encuentran radicalmente proscritas las conductas seguidas por la Junta contra UGT-A, que no son más que una operación de hostigamiento. En efecto, la jurisprudencia rechaza de plano la posibilidad de instruir una causa general contra un ciudadano y, apelando a ello, UGT-A va a demostrar ante las instancias judiciales que los responsables de la Junta de Andalucía no han dudado en utilizar los instrumentos administrativos con una finalidad alejada de la defensa del interés general, de preservar la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima, constituyendo claramente una desviación de poder respecto a las finalidades encomendadas a la Administración Pública por el ordenamiento jurídico.

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Sobre Pedro Torres

Secretario General de la Sección Sindical de UGT y Miembro de la Junta de Personal de la Diputación de Jaén. Educador social del CSSC de Santisteban del Puerto.

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