Home / Actualidad / Las Diputaciones pueden seguir prestando Servicios Sociales

Las Diputaciones pueden seguir prestando Servicios Sociales

Las Diputaciones pueden continuar prestando Servicios Sociales

DECLARADA INCONSTITUCIONAL PARTE DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Los Ayuntamientos (Diputaciones) pueden continuar prestando como hasta ahora Servicios Sociales Comunitarios y Especializados

En la Diputación de Jaén: Centros residenciales (RGA José López Barneo y R.M. Santa Teresa), Equipos de Tratamiento Familiar, Servicios Sociales Comunitarios y Drogodependencias.

El Tribunal Constitucional en su sentencia de 3 de marzo de 2016 estima parcialmente el recurso de la Comunidad Autónoma de Extremadura contra la reforma local. Este es uno de los primeros recursos que sobre la LRSAL han puesto diferentes Gobiernos Autonómicos de Andalucía, Cataluña y Canarias; y por los Parlamentos de Extremadura, Andalucía, Cataluña y Navarra; y el Consejo de Asturias además 3.000 Ayuntamientos.

El TC ha anulado varios preceptos de la Ley de la Reforma de la Administración local al considerar que invade competencias de las Comunidades Autónomas, y por no respetar en un caso la obligación de regular la materia por Ley Orgánica.

Entre los puntos anulados se encuentra el que impedía que los Ayuntamientos asumieran competencias en servicios sociales y sanidad, algo que en la práctica era muy habitual. La norma también establecía el procedimiento para la devolución de estos servicios de los entes locales a las comunidades.

El TC explica que ambas materias son competencia de las comunidades autónomas, por lo que el Estado no puede entrar a regularlas. Por ese motivo, la Ley recurrida invadió competencias de las autonomías.

Sentencia del Tribunal Constitucional, Madrid, 03/03/2016.

Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:

1º Declarar inconstitucionales y nulos el art. 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y las disposiciones adicional 11ª y transitorias 1ª, 2ª (Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales) y 3ª, así como los incisos “Decreto del órgano de gobierno de” y “el Órgano de Gobierno de, incluidos, respectivamente, en las disposiciones transitorias 4ª.3 y 11ª, párrafo tercero, todos de la Ley 27/2013.

2º Declarar que la disposición adicional 15ª de la Ley 27/2013 no es inconstitucional, interpretada en los términos del fundamento jurídico 13 e) de esta Sentencia.

La Junta de Andalucía posibilita continuar prestando Servicios Sociales UGT informa Otoño 2015

UGT informa Otoño 2015 clicar aquí

La Junta de Andalucía incorporó en su Ley de presupuestos de 2016 un artículo que posibilitará una moratoria en la aplicación de la Disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, donde se estable que a 31 de diciembre la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales.

Junta de Andalucía. Ley Servicios Sociales Actualmente en el parlamento

Esta disposición Andaluza con rango de Ley, junto con Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sin olvidar el Acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Andalucía enrelación con el Decreto-ley 7/2014, Tienen un carácter normativo formal de máximo rango, constituyendo toda una evidencia vinculante en Derecho Positivo.

El Proyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía que se encuentra actualmente en el Parlamento de Andalucía recoge en su Artículo 56.8. Entidades Locales: “Del mismo modo las provincias podrán gestionar, conforme a la planificación y demás facultades de coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía, centros y establecimientos de Servicios Sociales Especializados de ámbito provincial y supramunicipal de su titularidad, sin perjuicio de lo previsto en la legislación estatal”.

Con unas Diputaciones que atiendan y presten Servicios Sociales a los Ayuntamientos menores de 20mil habitantes y una legislación en Servicios Sociales de la Junta de Andalucía continuaremos avanzando.

He aquí un decálogo de razones esgrimidas contra la Ley de Reforma de la Administración Local:

1. Invade las competencias en materia de régimen local (en concreto, los artículos 59, 60 y 90 a 96 del mismo) y referidas a cuestiones como la creación, supresión y alteración de municipios.

2. Se garantiza el suministro de agua, la recogida de residuos, el alumbrado público y el asfaltado, pero deja fuera los servicios sociales que son los que fijan la población al territorio: ni guardería, ni ayuda a domicilio, ni residencias de la tercera edad…

3. Elimina oficinas de atención a la mujer y al consumidor de los municipios. Las mancomunidades tendrán que renunciar a las políticas de formación y empleo.

4. “Vulnera el principio de autonomía financiera”. Los gobiernos autonómicos asumen la totalidad de los consorcios de transporte, sin tener en cuenta el gasto de personal en caso de absorber esta prestación; el coste de políticas sociales y de igualdad en manos de los consistorios, y el coste de mantenimiento, limpieza y demás tareas vinculadas a los centros de enseñanza.

5. La Administración General del Estado usa la Ley de Reforma Local contra la financiación autonómica, todavía sin resolver, según el recurso, y de la visión descentralizadora y autonomista se pasa a una “recentralizadora”.

6. Supone una doble vara de medir ya que las comunidades del País Vasco y Navarra tendrán el privilegio de no aplicarla, bien en su totalidad o parcialmente.

7. Genera incertidumbre e inseguridad jurídica en su aplicación. “No existe por su complejidad y contradicciones una interpretación jurídica cierta”.

8. Se vacía de competencias a las administraciones locales mientras se sobrecarga, “sin financiación”, a las comunidades autónomas, abriéndose las puertas a la privatización de servicios públicos. En este sentido, la Ley de Reforma Local apuesta por conveniar los servicios públicos en lugar de vincularlos a fondos incondicionados.

9. Se resta poder a las corporaciones locales y la autonomía de alcaldes y concejales queda condicionada, mientras que la diputaciones ganan, pese a que no son órganos de elección directa por parte del ciudadano.

10. Los munícipios de poblaciones más pequeñas tendrán más difícil su dedicación por carecer de remuneración.

Comments

comments

Sobre Pedro Torres

Secretario General de la Sección Sindical de UGT y Miembro de la Junta de Personal de la Diputación de Jaén. Educador social del CSSC de Santisteban del Puerto.

Comentar